Costos Verdaderos

El desconocimiento del impacto al medio ambiente de las acciones llevadas a cabo por las empresas de servicios públicos, insinúa que privilegian el rendimiento económico a cualquier precio, incluyendo la integridad física de los habitantes.

Cuando se confeccionan pliegos y se evalúan las políticas públicas respecto de los servicios privatizados ¿se consideran los verdaderos costos ambientales?. La respuesta parecería ser negativa en la mayoría de los casos. De esta manera lo que debería ser una regla intangible, cuando se cumple, constituye la excepción.

Excepto por lo relativo a las ciencias económicas, no se manifiesta un verdadero reconocimiento del valor científico de variables fundamentales, que al ser ignoradas, llegan a poner en serio riesgo la integridad física de los habitantes, porque sus salud es función del ambiente en el cual viven ó se trasladan haciendo uso permanente de los servicios públicos esenciales.

El análisis de esta cuestión refleja el predominio de una falta de criterio en el reconocimiento de costos ambientales. En el mejor de los casos son identificados, pero no cuantificados y de éstos sólo una mínima porción es asumida por los responsables. Durante la prestación de servicios parecería que muchas empresas privilegiaran el rendimiento económico a cualquier precio. Otros aspectos potenciales, aunque se declaren deseables, se subordinan a las necesidades de una prestación, incluso deficiente, en la que no se da el primer lugar a la calidad frente a la cantidad del servicio. Esta unidimensionalidad en la valoración impide percibir costos ambientales reales, que no fueron identificados desde el comienzo, ó en los que su consideración fue minimizada frente a otras variables más tangibles.

Cambios Fortuitos

Las medidas de mitigación de la regulación actual atienden parcialmente a algunos impactos ambientales negativos reversibles. Los irreversibles, por definición, no tienen posibilidades de cambio. Actualmente estos costos ambientales están identificados y si bien en una exigua porción son internalizados por el empresario, en su inmensa mayoría, todavía permanecen sumergidos en la sociedad. En la práctica diaria es la comunidad la que debe asumir los costos del deterioro generado por prestaciones inadecuadas de los servicios. También es la que se ve indefensa ante la imposición de cambios sorpresivos producidos por el traslado de costos inesperados a las tarifas. Incluso en ocasiones es la sociedad la que ha llegado hacer en forma involuntaria los gastos necesarios para ejercer los controles que debe realizar el Estado Nacional, por ejemplo mediante el desempeño de la sociedad civil organizada en entidades no gubernamentales, universidades y otros ámbitos académicos ó comisiones ambientales de consejos profesionales.

De esta manera actualmente frente a una situación de crisis generalizada convergen, entre otros factores, la involución de algunas actividades productivas respecto de lo esperado en términos de valores agregados y de generación de empleos, con la creciente visualización del deterioro e impacto negativo ocasionados por las mismas. A este panorama, afortunadamente para los ciudadanos, debemos sumar un aumento de la conciencia ambiental de la población, la revalorización del medio ambiente como bien común y como recurso indispensable y esencial en una estrategia de desarrollo local sustentable. Como contrapartida el conflicto de las competencias en la toma de decisiones que se produce entre los niveles de Ciudad Autónoma y de Nación respectivamente, que complica los procesos de fiscalización y control de varios de los servicios públicos privatizados. Explicaré, según mi percepción, las falencias de este complejo sistema de interacciones: un proyecto de inversión implica el empleo de insumos, una «extracción» de recursos productivos de la economía cuyo valor debe representar todos los costos de su implementación genera resultados con una valoración que representa los beneficios del proyecto. El factor clave en la evaluación radica en determinar si la corriente de beneficios a generar es mayor que la de costos que se provoca. Pero lamentablemente de este conjunto que conforman los costos y beneficios, generados por un proyecto, la evaluación sólo suele considerar los director y primarios, es decir aquellos que efectivamente deben ser pagados ó cobrados por el empresario. Muy por el contrario, la evaluación económica, social y ecológica, considera todos los costos y beneficios, tanto directos como indirectos, primarios y secundarios que puede identificar, cuantificar y valorar.

Perjuicios para la sociedad

Ejemplos de costos indirectos en el caso de la evaluación del control de calidad de los servicios públicos son, entre otros, los daños ambientales por ejemplo la contaminación sonora en subtes y autopistas y la sobreproducción de material particulado proveniente de algunos combustibles, el deterioro de las casas y edificios por fisuras, como en el caso del transporte de carga a través de arterias inadecuadas y la rotura de las calles también debido al tránsito de pesado, con el consecuente daño de redes subterráneas de infraestructura. Todo eso repercute en perjuicio del ciudadano común que paga sus impuestos y/o de usuario de servicios públicos.

Creo que los pasos consecutivos indispensables y esenciales que se retroalimentan aceitando los mecanismos para mejorar la calidad de nuestros servicios y elaborar una estrategia común serían cuatro: En primer lugar, identificar los antagonismos implicados en la problemática ambiental generados por los servicios públicos. Inmediatamente después caracterizar las estrategias públicas respecto del problema estudiado. En tercer lugar, capacitar al ciudadano para que cuente con recursos concretos y precisos para hacer valer sus derechos. Y por último, y no menos importante, evaluar los grupos de bajo, mediano ó máximo conflicto en relación a los diferentes hilos conductores del conocimiento, en las actividades que impulsen la extracción y uso de recursos naturales en forma no sustentable. También incluye aquellas de consideración simplista ó parcial, las contaminantes ó en las que falte la examinación de alguna(s) variable(s).

La existencia misma de los conflictos expresa que socialmente muchos de estos costos son identificados. Asimismo el análisis de las estrategias públicas por acción u omisión permite discernir si son considerados y en qué medida reconocidos como costos directos de la concesión ó son transferidos a la sociedad. A manera de corolario, podría reformular mi pregunta del comienzo ¿pueden llamarse públicas las medidas que conllevan los criterios de evaluación privada y subordinan todo otro objetivo al de garantizar la rentabilidad de algunos servicios?

Lic. Irene Rut Wais
Bióloga y Ecóloga